17 Feb 12th Interview: Luis Marquina. President of the Association of Batteries, Batteries and Energy Storage Business Association (AEPIBAL)
Entrevista realizada por Victoria Muñoz de Texla Renovables
“ No tenemos problemas financieros ni estratégicos, el reto es cerrar el esquema regulatorio que permita a los inversores en activos de almacenamiento saber cuáles van a ser las reglas del juego ”
Con más de 15 años de experiencia en el mundo de las energías renovables Luis Marquina no se anda con rodeos cuando habla de la importancia del almacenamiento energético cada vez que tiene ocasión: “Si creemos en la transición ecológica y creemos y apostamos por una descarbonización, el almacenamiento es una pieza sustancial y fundamental que permite que todo el engranaje pueda funcionar”.
Como presidente desde hace más de cuatro años de AEPIBAL, Marquina celebra avances significativos como la implantación del mecanismo de capacidad, las subastas de energías renovables con almacenamiento (REER) y el desarrollo de un mercado de flexibilidad. Sin embargo, advierte que todos estos logros quedarán en el aire si no se garantiza una normativa “clara y estable” que fomente la inversión y aumente la aceptación social.
Desde AEPIBAL ya se ha subrayado en las alegaciones al proceso de consulta sobre el RD 413/2014, que la falta de definición sobre la potencia instalada de almacenamiento supone un freno crítico. “Esto genera incertidumbre en cuestiones esenciales, como la tramitación de proyectos (garantías y el umbral de 50 MW para autorización) y la operación (horas de funcionamiento, energía frente a potencia)”.
El sector también defiende la necesidad de ubicar las instalaciones de almacenamiento junto a las subestaciones existentes. Esta medida no solo minimiza el impacto visual al aprovechar espacios ya alterados, sino que reduce el impacto ecológico de los tendidos eléctricos en la fauna local y, además, disminuye los costes de instalación, contribuyendo a que los precios de la energía sean más asequibles para los ciudadanos. También expresan su preocupación por la falta de claridad en la Declaración de Utilidad Pública (DUP) para las líneas de evacuación, una cuestión que debe involucrar al Ministerio y a las Comunidades Autónomas y que, actualmente, está paralizando proyectos clave en almacenamiento energético.
¿Cuál considera que es el principal desafío para que el almacenamiento energético se consolide como un pilar estratégico de la transición energética? ¿Estamos ante problemas financieros, regulatorios o de enfoque estratégico?
El enfoque estratégico es el correcto y no diría que en ese sentido tenemos un problema. Todos los organismos públicos son conscientes de que lo que tiene que suceder, va a suceder, y están todos bastante alineados en conseguirlo. Tampoco advertimos un problema financiero si nos atenemos a los números, que son apabullantes: 13 GW de almacenamiento con punto de acceso ya concedido, más de 300 proyectos presentados en las convocatorias de ayudas públicas, multitud de nuevos actores en escena queriendo aprender, conocer e invertir. No, no tenemos problemas financieros ni estratégicos. Tenemos un problema de cierre del esquema regulatorio que permita a los inversores en activos de almacenamiento saber cuáles van a ser las reglas del juego. Y en este sentido falta trabajo por hacer, no mucho pero sí muy importante, para que el almacenamiento ofrezca claridad y certidumbre.
Con la primera licitación del mercado de capacidad prevista para el primer semestre de 2025, ¿qué impacto espera que tenga este mecanismo en la promoción y desarrollo del almacenamiento energético en España?
Como se dijo en AEPIBAL DAY, celebrado recientemente en Zaragoza, el mercado de capacidad tiene como objetivo garantizar la seguridad de suministro y no incentivar el almacenamiento. Sin embargo, dando por bueno que debe ser así, que se debe garantizar el suministro de energía ante todo, el almacenamiento será uno de los principales garantes de este suministro en un entorno de economía verde porque, de lo contrario, estaríamos reforzando tecnologías emisoras de CO2, lo que no está hoy en la mente de nadie. Por eso creemos – y el ministerio lo cree igualmente – que el almacenamiento va a verse muy beneficiado a corto plazo con este mercado de capacidad, si bien – y esto ya se advirtió en Zaragoza – deberá ser reforzado a medio plazo con otros mecanismos que a la larga serán de mayor impacto que el propio mecanismo de capacidad. Uno será las subastas de energías renovables con almacenamiento, que también se anunciaron para 2025, y el otro la habilitación de todos los servicios posibles remunerados para que el almacenamiento tenga abiertas y disponibles múltiples vías de ingresos
La flexibilidad es clave para gestionar la variabilidad de las renovables y reducir costes en tiempo real. ¿Qué papel cree que jugará en el corto plazo el anuncio de un mercado de flexibilidad para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico?
La música suena muy bien. Que la gestión de la demanda y el almacenamiento compitan por un mercado de flexibilidad nos parece un escenario óptimo para el sistema eléctrico y, sobre todo, para el coste final de la energía al ciudadano. Pero este mercado de flexibilidad, de momento, es sólo un anuncio del que no tenemos mayor información, y como suele suceder es estos casos, el diablo está en los detalles. Hay que esperar, pero afortunadamente no mucho porque el ministerio también ha anunciado su lanzamiento en el año entrante.
Una de las primeras medidas anunciadas por Sara Aagesen como nueva ministra para la Transición Ecológica ha sido la asignación de 156 millones de euros a 45 proyectos de almacenamiento energético. ¿Cómo valora esta iniciativa en términos de impulso a la innovación en el sector? Además, bajo su liderazgo, ¿qué expectativas tiene sobre el papel que España puede desempeñar en los próximos cinco años en el contexto europeo y global en términos de desarrollo e implementación de tecnologías de almacenamiento?
Con ánimo de ser rigurosos, la ministra ha firmado las subvenciones de los proyectos stand alone ganadores de la licitación. Es un proceso que viene desde 2023 y que se ha formalizado ahora. Por lo tanto, no se trata de una nueva iniciativa sino de dar salida a los fondos Next Generation, que siempre vimos con muy buenos ojos – y el sector también si atendemos a la cantidad enorme de proyectos presentados – porque en este momento en el que nos encontramos, la rentabilidad de los proyectos depende en gran medida de estas ayudas.
Respecto a la figura de Sara Aagesen como ministra solo podemos felicitarnos. Desde siempre ella ha sido una convencida de la importancia del almacenamiento en el nuevo modelo energético, hasta el punto de crear, como Secretaria de Estado de Energía, una Subdirección General de Almacenamiento y Flexibilidad específica. Su figura nos da tranquilidad y continuismo, aunque sabe – como sabemos todos – que hay que reforzar algunos espacios regulatorios que son imprescindibles para avanzar. Y hacerlo además con cierta rapidez.
Para alcanzar los objetivos del PNIEC, ¿qué aspectos clave considera ahora que España debe reforzar en su estrategia de almacenamiento energético?
El reto del PNIEC no es el almacenamiento, es el despliegue de las energías renovables. Y sin almacenamiento no habrá tal despliegue. Pensemos que este año superaremos las 800 horas de precios de la energía por debajo de los 10 €/MWh, con especial incidencia en las plantas fotovoltaicas, porque los precios se han desplomado en las horas solares. Y contra esta tendencia solo hay dos soluciones: incrementar mucho la demanda, lo que no es sencillo ni rápido, o apostar masivamente por el almacenamiento para que absorba la energía en horas que no hay consumo y la vierta al sistema cuando es necesaria. Si somos capaces de dar sostenibilidad a los precios de la energía solar, el PNIEC estaría más cerca de ser una realidad.
“LA POLÍTICA DE LA JUNTA EN FAVOR DEL DESPLIEGUE MASIVO DE ENERGÍAS RENOVABLES ES MUY DESTACABLE PORQUE, ADEMÁS, TIENE UN OJO PUESTO EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL QUE LE DEBE ACOMPAÑAR ”
Andalucía, junto con Valencia, Madrid, Asturias y Cataluña, se posiciona como una de las cinco comunidades que concentrarán el 64% de las nuevas instalaciones de baterías en España en los próximos años. ¿Del 1 al 10 cuál es su valoración de las políticas energéticas de Andalucía en materia de almacenamiento energético?
La política de la Junta en favor del despliegue masivo de energías renovables es muy destacable porque, además, tiene un ojo puesto en el desarrollo industrial que le debe acompañar. Andalucía ha entendido que una oportunidad así no volverá a presentarse en décadas y hay que aprovecharla, es decir, hay que generar energía verde y competitiva para crear industria propia y atraer industria de otras localizaciones a la Comunidad. Un reto formidable pero – creemos – un reto necesario y quizás el único posible. Sin embargo, hay que tomar decisiones que afectan a la regulación y que, si bien no son enteramente de su competencia, tienen mucho que decir. La más urgente es la Declaración de Utilidad Pública para las líneas de evacuación del almacenamiento, así como la regulación en torno al cambio de uso del suelo para que el almacenamiento se ubique junto a las subestaciones. Ambas cosas son urgentes y prioritarias.
La pérdida de capacidad de despacho ha sido un obstáculo importante para los proyectos híbridos, que están ahora también en el centro del debate. ¿Qué cambios normativos espera para eliminar estas restricciones y fomentar la integración eficiente de renovables?
Como se dijo en el AEPIBAL DAY, este tema se va a resolver a lo largo de 2025. No tenía mucho sentido que a una planta de generación renovable no gestionable se la trate como a una planta de generación enteramente gestionable por el simple hecho de instalar algo, aunque sea una parte mínima del total del activo, de almacenamiento. Si todo va bien, esto debería quedar resuelto antes de verano.
Otra cuestión clave es la falta de perfiles especializados, que sigue siendo un desafío. ¿Cómo se debería trabajar, organismos, instituciones, asociaciones y empresas, para atraer y formar talento técnico que pueda responder a las necesidades del sector?
Hay mucho que hacer en este sentido. El problema del almacenamiento es que entra de lleno en el meollo del sistema energético, lo que obliga a saber mucho de tecnología, ingeniería, regulación, gestión de la energía en el mercado, fabricación, etc. NO es sencillo y hay mucho conocimiento encapsulado, pero muy poco conocimiento integral, que tenga una visión completa de lo que el almacenamiento representa. Aprovecho para anunciar que AEPIBAL lanzará en enero su primer Curso de Almacenamiento, íntegramente on-line, que esperamos sirva de gran ayuda para que muchas empresas e instituciones públicas puedan formar a sus equipos profesionales.
“PARA QUE EL CASO ASTURIAS NO SUCEDA DE NUEVO ES IMPORTANTE QUE CADA PARTE HAGA BIEN LO QUE LE TOCA HACER. LOS CARGOS PÚBLICOS TIENEN QUE HACER FRENTE A LOS MOVIMIENTOS MÁS IRRACIONALES CON ARGUMENTOS SÓLIDOS, TECNOLÓGICOS Y RACIONALES, QUE LOS HAY Y MUCHOS ”
Asturias ha sido objeto de controversia recientemente debido a las restricciones al desarrollo de almacenamiento energético en la región. Desde AEPIBAL, ¿qué estrategias consideran fundamentales para superar la oposición social y política, desmitificar los posibles riesgos asociados a estas tecnologías y garantizar beneficios tangibles para las comunidades locales?
La verdad es que en Asturias, todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Desde 2022 se ha producido una avalancha de proyectos en el Principado que ha creado una alarma social muy bien aprovechada por sectores contrarios al despliegue de baterías que, con argumentos muy poco científicos, han alarmado a la población y, lo que es peor, han bloqueado a los cargos públicos, que no han sabido hacer frente a esta ola tan irracional. Para que el caso Asturias no suceda de nuevo es importante que cada parte haga bien lo que le toca hacer: los cargos públicos tienen que hacer frente a los movimientos más irracionales con argumentos sólidos, tecnológicos y racionales, que los hay y muchos; a su vez, los promotores deben dar prioridad absoluta a la Licencia Social de sus proyectos, informando e implicando a los ciudadanos en los mismos; y las asociaciones como AEPIBAL tienen que luchar para que ambas cosas sucedan, promoviendo reuniones, habilitando consensos y proporcionando información de rigor que desbarate mucho discurso falaz y oportunista. En esto estamos y a esto vamos a dedicar gran parte de nuestro esfuerzo en 2025.
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Entrevista realizada por Victoria Muñoz de Texla Renovables
